01 - Dic -1925

 El 1.° de Diciembre de 1925, en circunstancias de que uno de los Bancos más poderosos del país se encontraba en peligro inminente de ser declarado en quiebra, el Gobierno por decreto ley N.° 730, anticipó la vigencia del Título V de la Ley General de Bancos, relativo a la quiebra y liquidación de las empresas bancarias, y declaró que entraría a regir desde esa misma fecha". Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Memoria de la Superintendenia de Bancos ( Peso: 384 kb) correspondiente a los años 1926 y 1927. Pág. 1.

Por Decreto Ley N° 730 ( Peso: 365 kb) del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial número 14.336, de 1 de diciembre de 1925, se decreta que desde esta fecha entra en vigor el Título V de la Ley General de Bancos. Boletín de las Leyes i Decretos del Gobierno. Libro XCIV.

"La razón de esta anticipación fue, como lo expresa un Decreto-Ley de diciembre, que se estaba investigando la solvencia de un banco. Este era nada menos que el Banco Español de Chile, que había absorbido al Banco de Santiago poco años antes y que sufrió problemas a consecuencia de los muy aventurados negocios que había efectuado su sucursal en Barcelona. Como se desprende del informe de la Superintendencia emitido en esa ocasión, esa sucursal había afianzado la construcción de unas naves y había hecho arbitrajes a futuro de monedas europeas, jugando a que el marco alemán se recuperaría respecto de la libra esterlina. Como es conocido, el marco alemán perdió todo su valor en 1923. Como en esos tiempos las noticias no eran lo inmediatas que son hoy día, el estado de cosas de la sucursal de Barcelona sólo se pudo dimensionar en 1925 y el adelanto de la vigencia de un título de la nueva Ley General de Bancos permitió efectuar una liquidación ordenada de ese banco, que era el orgullo de la colonia española residente. De este infausto acontecimiento resultó la creación del Banco Español-Chile, el que debía conocer infortunios semejantes en la década de los ochenta". Morand. Luis. Apuntes sobre la fiscalización bancaria en Chile. Pág.7.